Mundial | “Son fanáticos fraudulentos”: los hinchas a los que Qatar ofrece viajes y alojamiento gratis por no criticar la copa del mundo

A pocos días de haber empezado, el Mundial de fútbol de Qatar 2022 ya nos ha dado bastantes sorpresas.

En menos de una semana hemos visto derrotas inesperadas, victorias heróicas y goleadas dolorosas.

Pero las sorpresas no solo han venido en lo deportivo.

La gran cantidad de sillas vacías en las graderías durante los partidos iniciales, por ejemplo, llamó la atención de varios comentaristas expertos.

Lo mismo pasó con las denuncias que se hicieron sobre cientos de fanáticos «falsos» que recibieron dinero para llenar las calles de Doha, la capital de Qatar, en los días previos al inicio del torneo.

Saltar Recomendamos y continuar leyendo

Recomendamos

Final de Recomendamos

Mientras la BBC estaba investigando estas denuncias descubrió un detalle inusual más: seguidores de los equipos de diferentes países recibieron billetes aéreos y alojamiento gratis después de que publicaran declaraciones positivas sobre el torneo en las redes sociales o de que compartieran, y le dieran «me gusta», a cierto tipo de publicaciones.

Los aficionados «falsos»

Fanáticos de la selección nacional de Argentina en India.
Pie de foto,Fanáticos indios de la selección nacional de Argentina celebrando su triunfo en la Copa América 2021.

A medida que se acercaba el primer partido del torneo, se vieron imágenes de cientos de seguidores, de países diferentes, ondeando banderas nacionales y coreando consignas en las calles de Doha.

Pero las fotos generaron preguntas en las redes sociales: algunos cuestionaron por qué tantos fanáticos que parecían tener rasgos de Medio Oriente o del sur de Asia estaban apoyando a equipos de todo el planeta.

Uno de los comentarios preguntaba: «¿Les pagan por ser fans de otros países o qué?».

Durante nuestra reportería sobre el terreno, la BBC habló con un residente de Qatar de ascendencia india, Aaron Fernandes.

Fernandes dice que ese tipo de comentarios reflejan un malentendido general que hay sobre la región. Con tantos inmigrantes que han adoptado a Qatar como su hogar, dijo, ¿por qué no iba a estar lleno de fanáticos del fútbol que apoyan a equipos de diferentes países?

«Tenemos muchos fanáticos de India que aman el juego y me alegro de que durante esta Copa Mundial de la FIFA haya salido a la luz cuánto aman los indios el fútbol», dijo.

Dijo que, a pesar de que el amor por el cricket que caracteriza al sur de Asia, en la región también había una gran proporción de aficionados al fútbol.

Y como países como India nunca han clasificado para un mundial, muchos de ellos escogen apoyar a otras naciones y viajan al extranjero para verlas jugar.

Seguidores de la selección de fútbol de mayores de Argentina.
Pie de foto,La selección argentina tiene muchos seguidores en Qatar.

Aaron también es miembro de dos clubes de fans: el Fifa Fan Movement y el esquema de líderes Qatar Fan. Los dos grupos fueron creados y están dirigidos por la FIFA y el comité organizador de la Copa Mundial 2022.

Cuando se le preguntó si tenía que firmar algún tipo de acuerdo como parte del esquema de líderes, Aaron respondió de manera inconclusa: «Naturalmente, hay responsabilidades, pero es sobre el deporte. Llevan haciendo esto durante años. No es nada del otro mundo».

Vuelos y hoteles gratis

Ecuador anotó contra Qatar en el partido inaugural.
Pie de foto,A algunos fanáticos se les ofrecieron billetes aéreos, estadía y entradas a los partidos

A pesar de la respuesta ambigua de Aaron, la BBC ha sabido que a muchos miembros del programa de liderazgo se les ha pedido que firmen contratos mientras que, al mismo tiempo, reciben incentivos de los organizadores del torneo.

Según documentos a los que tuvo acceso la BBC – además del testimonio de varios funcionarios organizadores – a muchos seguidores extranjeros se les ofrecieron vuelos gratuitos a Qatar y alojamiento como parte de una iniciativa para «dar forma a la experiencia de los seguidores».

A cambio, se les pidió que firmaran un código de conducta en el que aceptaban «incorporar, cuando corresponda, contenido del SC [Comité Supremo] en sus publicaciones», además de dar «me gusta» y compartir material de terceros.

El Comité Supremo es el organizador de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Si bien en el acuerdo se les dice a los fanáticos que no se espera que sean «portavoces de Qatar», se les pide que no «menosprecien al Comité Supremo de Qatar» o a la «Copa del Mundo Qatar 2022».

Pierre Cornez, un oficial de prensa de la Asociación de Fútbol de Bélgica, dice que los seguidores también recibieron «una entrada gratis para el primer partido y para la ceremonia de apertura».

Asegura que la oferta no solo se hizo a los belgas sino a fans de «todos los países que están jugando en esta Copa del Mundo».

También asevera que no todos los aficionados que participaron en el esquema terminaron firmando el acuerdo.

Un documento official con el código de conducta de los seguidores.
Pie de foto,Una copia del documento que se les hizo firmar a los fanáticos favorecidos.

La FIFA ha sido criticada repetidamente por haber otorgado el Mundial a Qatar, dados los antecedentes negativos que tiene el país en temas como los derechos de los trabajadores, los derechos de las comunidades LGTBI y la libertad de expresión.

Por eso, algunos clubes de aficionados independientes y de base creen que el esquema Fan Leader de Qatar es simplemente un intento de mejorar la imagen del torneo.

Una miembro de la junta de Fan Supporters Europe, Martha Gens, dice que nunca antes había oído hablar de que un torneo importante haya usado un esquema como este.

«Esto no es un movimiento de fans, es un fraude de fans», sentencia Martha. «Es extraño, es turbio y no está bien».

Sin embargo, el Comité Supremo defendió el esquema y alegó: «Esta iniciativa ha ayudado al Comité a entender las necesidades y preocupaciones de los seguidores de 59 países distintos.

«No tienen la obligación de publicar o compartir contenido. Todos los aficionados que visitan Qatar como nuestros invitados lo hacen de forma voluntaria y gratuita».

Proyecto de movilidad eléctrica busca capacitar y formalizar al delivery como empleado

Con el propósito de mitigar la contaminación sónica y la emisión de gases en favor del medio ambiente, la Fundación Natural Power, lanzó el proyecto de movilidad eléctrica «E-Delivery», que busca brindar facilidades a los propietarios de colmados para que hagan la transición de motores de combustión a silenciosas motocicletas eléctricas.

La directora ejecutiva de la fundación, Laura Rojas, manifestó que el proyecto inició hace dos meses como un piloto, con una meta mínima de cambiar 265 motores de gasolina a eléctricos en sectores específicos del Distrito Nacional.

Rojas destacó que la importancia de este proyecto es que los deliveries de los establecimientos que forman parte del mismo reciben capacitación vial y acceso a servicios básicos, entre ellos: el seguro de salud, en alianza con el Gobierno.

Así mismo, detalló que el servicio de delivery con motores eléctricos representa un beneficio directo al colmadero, ya que se estaría ahorrando unos 8,000 pesos por cada motor que decida cambiar.

Laura Rojas destacó que las ventajas que tienen los motores eléctricos que distribuye la empresa Celeste Motors es que además del ahorro en combustible, son silenciosas y los deliveries no pueden exceder la velocidad a más de 50km/h, lo que también se traduce a más seguridad para el trabajador.

«Hemos podido ya ver muchos testimonios de residenciales que le abren las puertas a los motores, a los delivery porque ya no hacen ruidos, porque ya no contaminan», expresó.

Aunque E-Delivery es un proyecto ejecutado por la Fundación Natural Power, está siendo apoyado por diversas entidades públicas y privadas, entre ellas: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Servecería Nacional, Banfondesa, el INTRANT, Alcaldía del Distrito Nacional y Celeste Motors como principal aliado comercial, y con la cual firmaron un acuerdo, por ser la empresa que tiene la motocicleta «Súper King Kong», que reúne las condiciones para este tipo de trabajo, por la autonomía y resistencia, según explicó Laura Rojas.

Por su parte, los colmaderos que forman parte de E-Delivery, afirmaron que les ha ido bastante bien, debido a que tienen un ahorro considerable en combustible, el ruido ya no es un problema, ni tampoco dejan la mancha de aceite donde los estacionan.

En tanto, que los deliveries expresaron que se sienten más cómodos con ellos, ya que les da menos trabajo prender los motores eléctricos y los vecinos no se quejan del ruido.

AMADEO PERALTA PIDE AL CONGRESO PENALIZAR AUTOSECUESTROS CON 10 AÑOS DE PRISIÓN.

ESTABLECE QUE EN REP.DOM. ES PERMITIDO AUTO SECUESTRARSE Y ESO SOLO SE CONSIDERA COMO “UN CHISTE DE MAL GUSTO”, PORQUE EL CÓDIGO PENAL DOMINICANO NO LO SANCIONA.

Entrevistado por periodistas de este diario, el abogado Lic. César Amadeo Peralta, recordó una máxima que dice: “Que lo que no está prohibido, está permitido”, al referirse al tema de los Auto secuestros en República Dominicana, los cuales no figuran con ningún tipo de sanción en las leyes vigentes, por lo que el único nombre que esas acciones deberían tener es que,
son chistes y bromas de muy mal gusto para la familia y las autoridades judiciales y policiales, citando el caso ocurrido en Villa Altagracia, donde un juez libero de manera simple a una señora que se auto secuestro y junto a otras personas, esta señora exigía grandes cantidades de dinero a sus familiares para “liberarla”.

Aclaró el abogado que, una persona que finja su secuestro contra si mismo, para este no existe ningún tipo de sanción, cosa ésta que considera absurda, ya que esa acción de auto secuestrarse para pedir un rescate en dinero, no sólo les lleva desasosiego a sus familiares, sino que hace incurrir en gastos operativos humanos y económicos, tanto a la Policía Nacional, al Ministerio Publico y a los organismos de seguridad del estado que pudieron emplear esos recursos y presupuestos de la nación y de los impuestos que pagamos los ciudadanos, para resolver otras cosas u otros casos, a parte del daño a la inversión extranjera, por propagarse la falsa noticia de que en el país exista la industria del secuestro.

Países como México y Colombia, que castigan con prisión de 10 a 15 años y multas a todo individuo que finja un auto secuestro y le permite al Ministerio Público, procesarlo por extorción y chantaje como un delito de acción pública sin ningun tipo de acuerdos ni negocios, aunque el auto secuestrado sea a su familiar más directo, cosa esta que no ocurre en el país.

Destaca el abogado Lic. César Amadeo Peralta que, si se llegara a pagar el dinero por el “Rescate” y es recibido por los “Auto Secuestrados” y sus cómplices podrían ser procesados por extorsión y chantaje, solo si el familiar decide presentar querella, por tratarse de dos delitos de acción pública, pero a instancia privada, pero de ningún modo aplican las disposiciones de la Ley No. 583, que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades, de fecha 26 de junio del 1970, porque uno de los elementos constitutivos del delito del secuestro es el rapto o traslado por medios violentos o haciendo uso de engaños, artificios o artimañas e intimidación para sustraer a una persona de su residencia habitual, con el objeto de privarla de su libertad y de reclamar, como rescate, sumas de dineros, libertad de prisioneros o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades.

En el caso de los auto secuestros, el auto secuestrado realiza todo acto de manera voluntaria, sin violencia, él mismo realiza sus traslados, finge a sus familiares directos, padres, hermanos(as), esposos(as), a quienes les solicita que paguen por su “rescate” y no lo hacen a particulares, ni a las autoridades policiales ni judiciales, por lo que, al no existir una legislación actualizada que permita castigar a los auto secuestrados en República Dominicana, no habrá sanciones ni para los auto secuestrados, ni para sus cómplices, a menos que sea una situación suigeneris que empiece con una simulación de secuestro y termine con la materialización de otros delitos con los cuales también entrarían en funciones la nueva Ley No. 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Nuestro Código Penal Dominicano es una traducción de los Códigos Napoleónicos de hace 238 años, quienes en sus artículos 341, 342 y 343 establecen que, para el caso de que exista una detención o un encierro ilegal real, no auto secuestro, que las penas por encierro o detención ilegal se reducirán a prisión correccional de seis (6) meses a dos (2) años, si los culpables de los delitos “pusieran en libertad a la persona encerrada antes de que se les persiga por este hecho y antes de los diez (10) días del encierro”, por lo que de todas maneras es inaceptable, refiere.

El Lic. César Amadeo Peralta considera que, esta nueva forma de obtener dinero engañando a los familiares directos, es una laguna jurídica en nuestra legislación, que no importa el esfuerzo que hayan realizado las autoridades cuando logran “liberar” a un auto secuestrado de sus propias cadenas mentales delictivas, al final los jueces no pueden hacer nada, porque no tenemos una ley que castigue los auto secuestros.

Finalizó al decir que, el Congreso Nacional tiene una buena oportunidad para introducir esta figura en el Nuevo Código Penal Dominicano y que, la República Dominicana no pueda seguir teniendo vigente un Código que fue instaurado en el país 100 despues osea desde hace 138 años, cuando el mundo era totalmente diferente, y en la actualidad existen múltiples delitos nuevos que han surgido con el avance social y económico de los pueblos y que este país casi se esta jartando de tanta impunidad.

FCS: Gobiernos han entregado recursos mineros a empresarios en detrimento del pueblo dominicano.

Santo Domingo,- El presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Ramos aseguró hoy que este gobierno al igual que los anteriores han entregado los recursos mineros del país a empresas que solo han llevado miseria a los pueblos y sobre todo un daño irreversible al medio ambiente.

“A propósito de que en el país se celebró la edición número 12 de la Conferencia de Ministros de Minería de Las Américas, queremos denunciar las pretensiones de este gobierno al igual que los antecesores de seguir entregando nuestros recursos a empresas que solo buscan obtener beneficios a costa de los dominicanos, sobre todo llevando miseria y destrucción del medio ambiente en nuestros pueblos”, dijo.

El presidente del FCS, Isaías Ramos citó ejemplos como el contrato realizado en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, presidido en ese momento por Leonel Fernández, quien entregó los recursos mineros del país a la empresa Barrrick Gold.

“No es para menos sentir gran preocupación por lo que aún pueda realizar esta clase política que aún nos gobierna. Estos podrían continuar entregando nuestros recursos mineros bajo esquemas y condiciones similares al famoso contrato con la Barrick Gold, totalmente inmoral e injusto y sobre todo muy dañino para el pueblo dominicano, el cual podríamos de calificar como un delito de lesa humanidad, pues poco le importó el daño a la salud y las muertes prematuras que esta explotación minera ocasionaría, y también podríamos catalogarlo como un delito de lesa naturaleza pues el daño a la ecología es irreversible”, sostuvo.

Ramos dijo que el tipo me minería a cielo abierto se realiza en el país sin mayor control y regulación siendo este el mas dañino para la preservación del medio ambiente. Además manifestó su preocupación debido a que República Dominicana, va rumbo a convertirse en una nación minera.

“Del pueblo dominicano permitir la pretensión de esta élite política o prolongar la estadía de ellos más allá del 2024, estaremos condenados a que nos conviertan en un país minero y, como consecuencia, en uno de miseria como nuestro vecino más cercano Haiti, Venezuela, o la mayoría de los países africanos. Destruirían las formas de sustento y el medio ambiente en las zonas impactadas por este tipo de explotación”, expresó.

Por último, el presidente del FCS llamó a los dominicanos a estar vigilantes y a no permitir que la clase política que pretende quedarse en el poder más allá de 2024 y otros que quieren regresar al Palacio Nacional ese año, sigan entregando las riquezas del país a quienes ofrezcan la mejor oferta.

Ley de extinción de dominio; lo que debemos saber

Por Alexis Jiménez

Los principios que rigen la extinción de dominio forman parte de nuestro ordenamiento desde hace ya muchos años, específicamente desde la suscripción y ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988. En esta fecha nuestro país hizo suyas las reglas jurídicas básicas respecto a este instrumento jurídico, cuya utilidad, como es sabido, es la apropiación por parte del Estado de bienes sin justificación lícita. Y es que en dicho tratado ya se preveía la posibilidad de invertir la carga de la prueba con relación al origen del derecho de propiedad sobre este tipo de bienes.

Si a lo anterior añadimos que, en la denominada Convención de Mérida de 2003, que no es mas que la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas – de la cual nuestro país es también signatario – expresamente se prevé dicha figura, resulta innegable que la extinción de dominio es parte de nuestro orden jurídico desde hace décadas.

Pero la mas notoria declaración de voluntad con relación a este instituto es lo establecido en el art. 51.6 constitucional, donde el constituyente del 2010 fue expreso al disponer que “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”, solo quedando pendiente al tenor de lo anterior la labor legislativa que, a la luz del espíritu de nuestra ley de leyes, permitiera que el Estado dominicano – y por tanto el pueblo, representado por sus delegatarios – tuviera la posibilidad de recuperar los bienes resultantes de las violaciones a las leyes, en especial – aunque no exclusivamente –de la corrupción y apropiación del erario y bienes públicos.

Y así, con una amplia labor de consenso llevada a cabo en la Cámara de Diputados, posteriormente refrendada por el Senado, se logró que nuestro país cuente al día de hoy una ley de extinción de dominio que despojará de sus fortunas a infractores de la ley que hayan logrado enriquecerse desarrollando estas actividades. En este marco normativo nuestro Poder Legislativo se ocupó de dar respuesta plena a la necesidad social y jurídica que impera en nuestra sociedad que reclama la recuperación de lo sustraído y de fortunas de cuestionable origen, “aplatanando” – en buen dominicano – una figura jurídica de origen foráneo: el contenido de dicha ley no nos deja mentir.

Esta legislación parte de un amplio catálogo de definiciones (13) y principios (6), que sientan las bases de este marco legal. Cabe destacar entre las definiciones el especificar que es la acción de extinción de dominio, quienes ostentan la calidad de afectos, cuales se pueden considerar bienes ilícitos, que es la buena fe – en el marco de esta norma – entre otros conceptos de igual relevancia. De su lado, entre los principios que rigen esta norma vale la pena mencionar los principios de autonomía – de la acción -, imparcialidad e independencia – de los juzgadores -, objetividad, transparencia e imparcialidad.

La acción de extinción de dominio, según lo definió nuestro legislador, es la acción autónoma e independiente de cualquier otra – sin importar la materia – ejercida in rem contra los bienes, ajena a intereses patrimoniales sino que justificada por “intereses superiores de la Nación dominicana, asistida por un legítimo interés público”, que persigue la declaración judicial de la extinción del dominio – propiedad, control, disposición, posesión o usufructo – para que pase a titularidad del Estado. En esta ley se previeron 27 hechos ilícitos que dan lugar a dicha acción, entre estos el tráfico de drogas, infracciones relacionadas al terrorismo y su financiamiento, trata y tráfico de órganos, personas y armas, secuestro, extorsión, pero principalmente, y las que tienen la mayor incidencia y relevancia social, las que tienen que ver con la corrupción y los delitos contra la administración pública, como la estafa contra el Estado, el desfalco, la concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y con una clausula general: “delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”. A estos habría que agregar el delito tributario, el contrabando, la piratería, los delitos medioambientales, el testaferrato y también el sicariato.

Un aspecto relevante es la disposición que, previendo planes de distracción por parte de los propietarios del bien pretendan transferirlos, dispone que son nulos los actos y contratos que tengan dicho fin, debiéndose demostrar la condición de adquiriente de buena fe para que cualquier transacción sobre estos sea reconocida. En cuanto a la prescripción de la acción, se estableció que la misma tiene el máximo de la prescripción en el derecho civil que es de 20 años, favorable normativa para la recuperación de los bienes con destino u origen patrimonial ilícito.

Como puede observarse del presente análisis, la ley de extinción de dominio tiene un carácter eminentemente procesal, y es por ello que temas como las garantías procedimentales, la cosa juzgada, los causales de procedencia, y principalmente, las reglas competenciales y jurisdiccionales, son abordadas con especial meticulosidad. A este respecto vale resaltar que la cosa juzgada en materia de extinción se produce con la confluencia de 3 elementos: identidad del bien perseguido, de la causal de procedencia y de los hechos configurativos de la causal. De su lado, y en cuanto a la competencia jurisdiccional, el tema le fue atribuido a jueces experimentados del orden penal, disponiéndose que serán las Cámaras Penales de las Cortes de Apelación de cada Departamento Judicial la competente para conocer y decidir en primer grado el fondo del juicio de extinción, atribuyéndose a los jueces presidentes de las mismas la facultad de comisionar a uno de sus integrantes para que sea el juez control y de garantías en la instrucción del caso. Con esto, se garantiza de forma plena la autonomía y separación entre el juez de la etapa investigativa y el juez de fondo.

Aunado a lo anterior, la ley configura un claro esquema de partes procesales en lo referente a la extinción, siendo estas el Ministerio Público, órgano encargado de la persecución e impulsión de la acción, el afectado, que es todo aquel que alegue tener un derecho real sobre bienes materiales, beneficiario de obligaciones o títulos crediticios o de valores, y en términos societarios, aquel que tenga derecho real sobre parte o la totalidad de la composición social de una persona jurídica con fines pecuniarios. También, pueden ser parte también los intervinientes, que son aquellas personas que puedan demostrar una afectación en los términos que dispone la ley. Adicional a las anteriores, y aunque no figura como parte formal del proceso, también la ley prefigura al denunciante, como persona que hace de conocimiento de la autoridad la existencia de bienes cuyo origen son presumiblemente de carácter ilegal, sin que, como sucede en otros ordenamientos, estos particulares obtengan una retribución por su colaboración, lo cual sin duda podría promover conductas como el chantaje o la extorsión.

Por tratarse de un juicio dirigido principalmente a la comprobación de la obtención o adquisición de bienes fruto de actividades antijurídicas, la ley fue cuidadosa al intentar y lograr permear de todas las garantías constitucionales del debido proceso a este instituto. Por ello, se fijan limites claros respecto a las atribuciones del Ministerio Público en la fase investigativa (art. 33), una reserva de publicidad en cuanto a las actuaciones de este tipo, estableciéndose un término de 6 meses prorrogables por 2 meses más en cuanto al plazo de investigación, y en lo que al conocimiento del fondo de la solicitud se refiere, la ley es amplía y expresa regulando lo referente al apoderamiento del tribunal, y las garantías con que cuenta el afectado para promover la producción y recolección de pruebas, que deben estar dirigidas básicamente a demostrar la licitud del origen del bien, colocándose la carga de la prueba sobre el Ministerio Público (Art. 65), el cual deberá “probar las causales de procedencia previstas en esta ley y […] la ausencia de buena fe del afectado”.

La conclusión de este proceso tiene un fin social, político y criminológico, y es que, mediante una sentencia, y comprobado que el bien perseguido es producto de un hecho antijurídico, típico y presumiblemente culpable, se erradica definitivamente la propiedad para traspasarla al colectivo, que es el Estado, con un consecuente mensaje a la población: la ilegalidad no dará origen a la legalidad.

Ética representa a República Dominicana en taller sobre el futuro de las políticas de datos abiertos en América Latina

Resaltan la integración de la ciudadanía en los debates para la cocreacion del gobierno abierto en República Dominicana

Santo Domingo, – En el marco de actividades a desarrollarse durante el encuentro “America Abierta”, la directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Berenice Barinas, resaltó que el Gobierno de la República Dominicana tiene un firme compromiso con potenciar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, a través de las consultas y el constante acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad.

Agregó que para materializar estos objetivos es necesario garantizar el derecho de acceder a la información pública, para así logar la transparencia en la gestión de los recursos del Gobierno.

“En los tiempos actuales donde la tecnología es una herramienta que está presente en casi todas las facetas de la vida en sociedad y por tanto en la administración pública, el acceso a la información adquiere nuevos estándares, que propugnan el más amplio acceso a dicha información en un formato de datos abiertos, permitiendo así su fácil reutilización por parte de la sociedad”, destacó Barinas.

Agregó que el Objetivo general de la Política de Datos Abiertos de la República Dominicana consiste en establecer los lineamientos para facilitar el acceso, uso, reutilización y redistribución de los datos de carácter público para el aprovechamiento y generación de valor social y económico a partir de estos en beneficio de la ciudadanía.

“La Política Nacional de Datos Abiertos de la República Dominicana (PNDA-RD) alinea sus principios de operación e implementación con los principios desarrollados en la Carta Internacional de Datos Abiertos, que se establecieron como un conjunto de normas desarrolladas entre gobiernos, sociedades civiles y expertos de todo el mundo para la publicación de datos abiertos”, concluyó Barinas.

En otro orden, la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la DIGEGI, Elizabet Días, destacó las labores que se han venido realizando desde Ética Gubernamental, para lograr que la República Dominicana pueda cocrear el 5to. Plan de Acción de Gobierno Abierto.

Díaz además valoró la integración y la reciprocidad que ha tenido la ciudadanía para sumarse a los debates y aportar ideas valiosas en cada uno de los encuentros, con la finalidad de seguir avanzando de cara a la articulación del gobierno abierto.

Participantes

En el taller “El futuro de las Políticas de datos en la región” contó con la participación como panelistas de Susana Soto, directora Abriendo Datos Costa Rica; Patricio Urriola Aballai, Investigador y Vicepresidente de Flacso y Fundación Abriendo Datos Chile y Guillermo Castañeda, Director de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico desde Guatemala.

Asimismo, en el encuentro “Estrategias y Aprendizaje para lograr reformas ambiciosas con OGP”, estuvieron como expositores Olga De Obaldía – TI para transparencia fiscal; Daniel Quiroga, Dirección de Gobierno Abierto de Argentina e Igor Morales del Centro de innovación para las Contrataciones y el Abastecimiento Estatal (CICAB) desde Chile.

Frankin Romero niega gobierno proteja miembros Cámara de Cuentas


Santo Domingo,- El vocero de los senadores del PRM, Franklin Romero, negó este viernes que el gobierno pretenda proteger al presidente de la Cámara de Cuentas como dijo el senador Iván Lorenzo del PLD. Negó que desde el gobierno se propongan encubrir a los miembros de ese órgano fiscalizador, dijo que, por el contrario, el Presidente Abinader es el primero que está en disposición de someter a cualquier funcionario o quien ostente alguna función pública y cometa irregularidades.


“Lo que sucede es que si existe algún caso que se esté investigando, nosotros como Senado, lo que queremos es que se guarde el debido proceso, tal cual lo manda la Constitución Dominicana. Y con relación a la resolución que sometió el colega, quedo sobre la mesa, porque si se busca interpelar solo hay que ir a la carta magna. Porque si el Ministerio hace alguna acusación y luego la Cámara de Diputados inicia un juicio político, los que están conminados a iniciarlo son los diputados y nosotros los senadores actuamos como jueces, tal cual lo expresa la Constitución en su artículo número 80”.


Recordó que los peledeistas buscan de cualquier forma venganza poniendo por ejemplo lo que pasó en el año 2OO8, cuando los miembros de la Cámara de Cuentas, durante el gobierno del PLD, fueron acusados de cometer “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, viéndose estos precisados a renunciar, para evitar la consumación del proceso”. Por tal acción, el vocero Romero que cree la oposición busca desquitarse por esa causa.


Reiteró que en República Dominicana, el Juicio político se trata de un proceso caracterizado por su naturaleza cuasi judicial, donde la Cámara de Diputados juega el papel acusatorio de fiscal, mientras el Senado actúa como juez que juzga y finalmente decide. “Óigase bien: el Senado actúa como juez que juzga y finalmente decide”.


El legislador desconoce si esos miembros de la Cámara de Cuentas son culpables o no de realizar actos que deshonran su posición, pero, señalo que la propia ley expresa que la Cámara de Diputados debe, antes de proceder a un proceso acusatorio someter la sentencia de acusación a un estudio pormenorizado con la finalidad de establecer si se evidencia el alegado desacato.


Considero que, permitir una resolución para someter primero ante la Cámara Alta a un funcionario, sin pasar por el órgano fiscal: la Cámara de Diputados, se estaría desconociendo el orden democrático, del debido proceso y de la independencia de los poderes.


Reitero que tal acusación solo puede ser conocida por el Senado de la República, “solo después de ser conocida en la Cámara de Diputados”, tal y como ordena la Constitución.

Víctor D’ Aza lleva ayuda y coordina la respuesta a daños de Fiona en El SeiboEl Seibo

El Seibo – Víctor D’ Aza, comisionado por el presidente de la República, Luis Abinader, para coordinar, evaluar y gestionar la respuesta a los daños ocasionados por el huracán Fiona en el municipio cabecera de la provincia El Seibo entregó una primera partida de la ayuda para los afectados por el fenómeno, además dispuso una serie de equipos pesados que de inmediato serán utilizados en los trabajos de limpieza de las avenidas, calles y caminos.


El presidente de la Liga Municipal Dominicana llegó a primera hora de este martes con un equipo de trabajo multidisciplinario, y junto a la comisión que integran la gobernadora de la provincia, Irene Martínez, el senador Santiago Zorrilla y el alcalde Leo Francis Zorrilla, coordinaron la distribución de miles de raciones alimenticias, 100 neveras, 100 estufas, 100 camarotes y 100 camas con su colchonetas, 100 lavadoras y 50 tanques de Gas Licuado de Petróleo. Mediante un protocolo de prioridades, esta comisión llevará las ayudas a los albergues y zonas abatidas por el huracán.


Luego de un recorrido por diferentes partes de la provincia para evaluar los daños causados por el huracán Fiona, Víctor D´Aza tiene la tarea de coordinar con las demás autoridades del gobierno central los trabajos de recuperación de la ciudad que quedó devastada por el fenómeno natural.


El desastre dejó la ciudad visiblemente afectada, con miles de personas sin electricidad, sin hogares y sin agua potable. Víctor D´Aza junto a las demás autoridades, sobrevolaron las áreas destruidas, algunas aldeas cuyas construcciones estaban hechas en madera fueron completamente arrasadas por el viento que sopló a más de 150 kilómetros por hora, mientras que decenas de personas en comunidades vulnerables tuvieron que ser desplazados.


Víctor D’ Aza y la comisión iniciaron la evaluación de daños en las zonas vulnerables de El Seibo que van desde casas destruidas, colapso de techos de viviendas, árboles derribados, inundaciones en las principales calles, destrucción parcial del legendario muelle de Miches, entre otros daños que serán contabilizados en lo adelante.
La Liga Municipal dejó establecida en el lugar una comisión permanente, encabezada por la subsecretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal con el fin de ejecutar y supervisar las acciones que allí se realicen a partir de hoy para recuperar la ciudad.


En tanto el senador Santiago Zorrilla destacó que con la rápida intervención del gobierno se espera que en corto tiempo sea restablecido el sistema de energía en la provincia. Mientras, la gobernadora Irene Martínez valoró la rápida respuesta del gobierno para asistir a las personas necesitadas.


A la una de la tarde se espera la visita del presidente Luis Abinader, quien inició un recorrido por las zonas del país afectadas por Fiona.

Dirección de Comunicación
Liga Municipal Dominicana

Onamet anuncia formación de tormenta tropical Fiona

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) anunció la formación de la tormenta tropical Fiona, añadiendo que le darán seguimiento al desarrollo de este fenómeno atmosférico.

Se forma la tormenta tropical Fiona… Nos mantenemos dando estricto seguimiento a su desplazamiento y evolución”, comunicó la mencionada entidad.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés), aseguró que Fiona, a las 5:00 a. m. de este jueves, se encontraba a unos 935 kilómetros al este de las Islas de Sotavento de las Antillas Menores.

Esta información está contenida en el Aviso Público #4 del NHC, donde también se informó que la tormenta tropical se mueve hacia el oeste a alrededor de 20 kilómetros por hora (km/h).

También pronosticaron que el centro de Fiona atraviese las Islas de Sotavento el próximo viernes, y se mueva cerca de las Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el transcurso de este fin de semana.

Características

Según la NHC los vientos máximos sostenidos de Fiona rondan los 85 km/h, con ráfagas más altas, y agregaron que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 220 km al este del centro del fenómeno.

Por qué Bogotá tiene el peor tráfico de América Latina y en qué se diferencia de otras grandes ciudades

En algunas calles de Bogotá durante las últimas semanas el tráfico anduvo a un promedio de 2 kilómetros por hora en horario punta, un poco menos de la velocidad promedio del ser humano cuando camina.

El promedio general de la capital colombiana es, según los conteos oficiales, alrededor de 25kph. Algo más que la velocidad media a la que va una bicicleta.

Esto, añadido a otros matices tenidos en cuenta en las mediciones, hace que Bogotá tenga, según el índice de tráfico Tomtom, la peor movilidad de América y la cuarta peor del mundo, después de Estambul, Moscú y Kiev.

El índice Inrix, que mide el tráfico de otra manera, pone a Bogotá en el octavo puesto mundial. Su velocidad promedio en 2021 fue de 17kph, mientras que la de Quito, la siguiente ciudad latinoamericana, fue de 18kph. Ciudad de México anduvo a 20kph.

«Bogotá lleva varios años estando en los primeros puestos y todo indica que este 2022 va a volver a entrar en el top 5, porque las demoras han aumentado un 36% respecto a la primera mitad del año pasado«, le dice a BBC Mundo Bob Pishue, analista de Inrix.

En agosto, Bogotá entró en una nueva crisis de movilidad. Más de 500 construcciones que buscan aliviar el tráfico están en marcha: puentes, túneles, ciclovías, más transporte público y, después de décadas de intentos fallidos, una primera línea del metro.

«Bogotá tiene obras que tenían un atraso de 50 años«, dijo la alcaldesa, Claudia López, cuando iniciaron labores en mayo. «Hoy, junto al presidente Iván Duque, se anunció la mayor inversión en la historia de Colombia en infraestructura».

Luego, en una entrevista, López añadió: «Bogotá estará 10 años en obras y por eso nos toca tener paciencia y organizarnos».

A diferencia de alcaldes anteriores, López concentró sus esfuerzos en grandes construcciones que van a transformar esta metrópolis de 10 millones de habitantes, la quinta más grande de la región. Y decidió iniciarlas casi todas al tiempo.

Pero los anteriores alcaldes también hicieron: el Transmilenio, un sistema de buses de tránsito rápido, es considerado un ejemplo para decenas de ciudades y la red de ciclorrutas, que completa casi 600 kilómetros, es la más grande de Latinoamérica.

Paradójicamente, la ciudad con más problemas en movilidad es también considerada modelo en algunos aspectos, como dice Daniel Moser, experto en transporte del Banco Mundial: «Yo llevo trabajando en esto hace décadas y Bogotá es un caso que siempre surge, a veces como un ejemplo de lo que hay que hacer, una suerte de laboratorio de innovación, y a veces como un ejemplo de los desafíos que enfrentan todas las grandes ciudades».

Quizá no sea tan paradójico. Quizá sea tan solo un tema complejo, que ni las ciudades más desarrolladas han podido solucionar enteramente.

Trafico en Bogota

Ni el Transmilenio ni los autos

Los bogotanos, en todo caso, parecen sentirse protagonistas de una historia de terror cada vez que salen de su casa hacia el trabajo. Dos tercios de ellos dice en encuestas estar insatisfecho con Transmilenio. Las quejas por la movilidad dominan la prensa. Los expertos suelen ser arrinconados en los medios para señalar a un exalcalde como «culpable». Y cada tanto hay un «trancón», como les dicen acá, que se convierte en meme en las redes sociales.

«Me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible», dice una famosa frase del humorista Santiago Moure.

Pero los problemas de Bogotá no son muy distintos a los de Ciudad de México, Sao Paulo o Lima, dijeron todos los expertos consultados para este reportaje. En todas estas ciudades el transporte público y las avenidas son insuficientes y por mucho que algunas tengan metro o grandes autopistas los atascos son rutina. Ni Londres ni Tokio han logrado resolver su tráfico.

Incluso las tasas de motorización en esas ciudades —la cantidad de viajes que la gente hace en transporte privado— son mayores que en Bogotá, donde apenas el 11% de los viajes se hacen en automóvil particular, según cifras oficiales.

¿Qué es, entonces, lo que hace especial a Bogotá? ¿Por qué lidera con tanta frecuencia las listas de movilidad lenta?

Transmilenio en Bogota
Pie de foto,Aunque la mayoría de bogotanos están insatisfechos con el Transmilenio, expertos internacionales lo ven como modelo de tránsito rápido.

Densidad, segregación y geografía

Las ciudades colombianas están entre las más densamente pobladas del mundo.

El desplazamiento forzado de 8 millones de personas por la guerra, considerado uno de los más grandes de la historia, colmó las ciudades durante la segunda mitad del siglo XX de manera informal, sin planeación y bajo la lógica de la desigualdad, que hace de este país uno de los más inequitativos del mundo.

La lista del Urban Reform Institute, un centro de estudios estadounidense que mide la densidad con parámetros comunes, está liderada por decenas de ciudades africanas y asiáticas y en el puesto 39, con casi 18.000 habitantes por kilómetro cuadrado, aparece Bogotá. La siguiente ciudad latinoamericana es Medellín. Le sigue Bucaramanga. Sao Paulo y Ciudad de México, las que más habitantes tienen en la región, no aparecen en la lista de densidad.

«Bogotá es una ciudad particularmente densa y ese suele ser el predictor principal de problemas en la movilidad», dice Pishue, de Inrix.

Y Mosher, del Banco Mundial, explica: «Hay dos cosas que parecen resaltar de Bogotá. Una es la distribución residencial de la gente, que está concentrada en una zona, y otra su geografía, porque no es una ciudad circular, sino vertical».

Mapa de la densidad de población y densidad laboral

Son apreciaciones que apoyan las investigaciones del grupo de sostenibilidad urbana de la Universidad de los Andes, en Bogotá, que argumenta que el tráfico capitalino tiene mucho que ver con la zona donde vive la mayoría de la gente y la zona donde trabaja la mayoría de la gente.

«Por la manera como creció la ciudad en los bordes de manera informal desde los años 50, hoy tenemos que las periferias son supremamente densas y allí no hay puestos de trabajo», dice Luis Ángel Guzmán, experto en planificación urbana de ese centro de estudios.

Pocas ciudades en la región muestran de manera tan explícita la segregación social como Bogotá: en general, acá los ricos viven en el norte y los pobres, en el sur.

«Es como si viviéramos en una suerte de apartheid«, dice Ricardo Montezuma, urbanista de la Universidad Nacional.

Y los empleos, analiza Guzmán, están casi todos en el norte: un 33% de los trabajos de Bogotá están en un 10% del espacio urbano.

Mientras los bogotanos de bajos recursos hacen un promedio de 0,55 viajes diarios, en las zonas acomodadas viajan un máximo de 0,2 veces al día. Un cuarto del salario de los primeros es, además, destinado al transporte.

«La segregación y la desigualdad son los factores de fondo del problema de movilidad, y eso es algo que no suele estar en la discusión sobre el trancón», dice Guzmán, en referencia a las variables que suelen concentrar el debate: los problemas de Transmilenio, el uso «injustificado» del auto, la «falta» de cultura ciudadana, la corrupción o la «incompetencia» de tal o cual exalcalde.

Bogota
Pie de foto,Desde este punto del sur, donde está el Transmicable, se puede ver muy en el fondo el norte de Bogotá.

Son factores llenos de problemas, pero que se repiten de una metrópoli a otra. El aspecto especial de Bogotá es que, en una ciudad vertical, con los empleos hacinados a un lado y los trabajadores hacinados al otro, la cantidad de viajes que se hacen al mismo tiempo por las mismas avenidas es enorme, con efectos notables sobre el tráfico.

La politización de un tema técnico

Al aspecto socioespacial los expertos añaden otra variable que también tiene versiones en otras ciudades del mundo, pero que en Bogotá, por razones históricas y geográficas, se da de manera particular.

Montezuma, de la Universidad Nacional, sostiene: «El problema está en los políticos, no en las políticas, porque el manejo político, si no politiquero, de la movilidad nos ha llevado al absurdo de discutir con vehemencia si, por ejemplo, el metro debe ir por arriba o por abajo, cuando esa no es la discusión central».

Colombia ha sido siempre un país particularmente centralizado en su capital. En eso se parece a Buenos Aires y Ciudad de México, con la diferencia de que no es un país federal. Los problemas de la capital son, según los medios nacionales, los problemas del país.

Por eso, su alcaldía es una plataforma política: todos los alcaldes de los últimos 40 años fueron candidatos presidenciales y dos de ellos llegaron a la jefatura de Estado. Se suele decir que la alcaldía de Bogotá es el segundo puesto más importante del país.

El rol político de la capital ha hecho que, según los expertos, una discusión técnica se haya convertido en una bandera casi identitaria.

Mockus y Garzon
Pie de foto,Los alcaldes de Bogotá suelen ser figuras nacionales. Estos dos (Antanas Mockus y Lucho Garzón) fueron candidatos presidenciales.

«Eso no es del todo así en Ciudad de México», dice Manuel Suarez Lastra, experto en geografía urbana de la Universidad Autónoma de México. «Claro que las decisiones se toman por postura política, pero sí hay mucho análisis técnico y por lo general la politización no es la regla, sino la excepción«.

A pesar de que cada alcalde de Bogotá llega a cambiar proyectos del anterior, los expertos coinciden en que en los últimos 30 años se ha logrado cierta continuidad sin la cual proyectos como el Transmilenio o la ciclovía o la restricción vehicular conocida como Pico y Placa —celebrada en el exterior— no se habrían desarrollado.

«Insisto: no son las políticas, sino los políticos, que le han generado unas expectativas a la gente que distorsionan los problemas y las soluciones y han generado una fractura muy grande entre la realidad técnica y objetiva y presupuestal, y la expresión del ciudadano», señala Montezuma.

La extrema politización, además, tiene efectos técnicos.

Trafico en Bogota

Parte de la razón por la cual Bogotá no tiene metro es que los políticos no se han puesto de acuerdo en 50 años sobre cómo hacerlo, y las demandas en un país leguleyo han terminado frenando los proyectos aprobados.

Otro ejemplo es el Plan de Ordenamiento Territorial, una supuesta estrategia consensuada de largo plazo que, sin embargo, no se ha podido renovar desde 2004 debido a las demandas y trabas legislativas.

«La politización de la planificación urbana nos tiene estancados en la indecisión y la inoperancia», dice Guzmán.

El resultado es que algunos bogotanos, muchos de ellos mujeres de servicio doméstico, pueden pasar hasta 5 horas al día yendo y viniendo del trabajo. Una situación que, al menos durante los próximos 10 años, solo se solucionará —como dijo la alcaldesa— con paciencia.

A %d blogueros les gusta esto: